Santa Marta y Magdalena figuran en el ranking de ciudades y departamentos donde más se registran muertes asociadas a la desnutrición en menores de cinco años. De acuerdo con las cifras reveladas por la Procuraduría General de la Nación, en el Departamento se han registrado 4 casos, mientras que, en el Distrito, 3.
El ranking es liderado por Chocó (21 casos confirmados), La Guajira (13), Cesar (13), Bolívar (12), Risaralda (5), Meta (5), Antioquia (4), Casanare (4). En cuanto a las ciudades, Barranquilla (3), Bogotá (2) y Cartagena (1). También han fallecido por desnutrición 8 niños y niñas extranjeras.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud las muertes asociadas a la desnutrición en menores de cinco años, alcanzan 235 casos notificados por autoridades territoriales, de los cuales se confirmaron 124 por esta causa.
Ante este preocupante panorama, el Ministerio Público solicitó a los directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a 23 gobernaciones, cinco alcaldías de ciudades capitales y el Distrito de Buenaventura, tomar medidas urgentes para detener esta situación.
Preocupación en el país
Dada la gravedad de la problemática y el aumento de casos, estas cifras reflejan la necesidad de que se priorice esta temática en las agendas y se busquen alternativas para evitar que estos casos se presenten.
“Tan solo un caso de muerte por desnutrición constituye un hecho grave que demuestra que las políticas formuladas en los territorios han sido insuficientes para detenerlas”, enfatizó la Procuraduría.
Agregó que estas situaciones deben ser atendidas con prioridad: “desde la Procuraduría se hacen las alertas para que con eficacia y una debida planeación, exista una respuesta institucional urgente y coordinada, con miras a que, con un enfoque de derechos, territorial, diferencial y de gestión pública, se propenda por la protección que merece esta población infantil que resulta la más afectada por este flagelo”.
Vigilancia preventiva
La Procuraduría General de manera permanente realiza seguimiento y vigilancia a los casos de riesgo, diagnóstico y muertes por esta problemática de salud pública y reitera el cumplimiento de las directivas que el Ministerio Público ha emitido para que en los planes de desarrollo y demás instrumentos de política pública se priorice la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas del territorio nacional.
